El 8 de marzo es una fecha internacional que tiene un sentido histórico y trascendental como día de la Mujer Trabajadora. También está investido de sentidos diversos y específicos en cada rincón del mundo, donde organizaciones de mujeres cis, trans, travestis y lesbianas nos vemos convocadas, auto-convocadas y movilizadas.
Desde el Laboratorio de Comunicación y Género nos sumamos al paro internacional y expresamos la urgencia de los problemas que atraviesan los colectivos de femenidades en la región. En Latinoamérica, nuestro reclamo colectivo se expresa en contra de las múltiples manifestaciones de violencia de género, agudizadas en contextos de pobreza, conflictividad social y migraciones forzadas. El fenómeno de la “violencia de género” y las vulnerabilidades a las que estamos expuestas recaen de manera diferenciada en y entre las niñas, mujeres y sujetas de la disidencia sexual que habitamos la región más desigual del planeta.
Según el informe 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza ascendió, en el año del Covid-19, a 209 millones de habitantes (22 millones de pobres más que en 2019), y bien sabemos que la caída del empleo, la pérdida de los ingresos laborales y la flexibilización impacta directamente en las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras de la economía popular e informal, ajustando aun más la feminizada economía del cuidado. Asimismo vale mencionar cómo las mujeres, y en particular las jóvenes, siguen predominando en las tasas de desocupación (mujeres que buscan trabajo y no lo consiguen), subocupación, empleo no registrado, des-jerarquizado y menores ingresos respecto de los varones. Pero también la violencia social derivada de los conflictos armados conlleva desplazamientos internos en países de nuestra región, problemáticas que redefinen de manera drástica la vida de las mujeres rurales, campesinas e indígenas.
Por su parte, las compañeras trans y travestis constituyen un colectivo particularmente vulnerado, no sólo por representar el segmento poblacional LGBT más afectado por los llamados “crímenes de odio” (según el informe 2019 de FALGBT, cerca del 80%), sino por ver sistemáticamente quebrantados sus derechos básicos ante la ausencia estructural del Estado, materializada en la falta de oportunidades laborales, privaciones en el acceso a la salud pública, la educación pública y la justicia. Del mismo modo, las compañeras privadas de la libertad, cis y trans, padecen violencias institucionales y castigos suplementarios por su condición de género, pero también su situación de encarcelamiento responde en sí a la selectividad sexual de la justicia y los organismos de control social que criminalizan a las feminidades pobres.
En Argentina, país pionero en materia de leyes y políticas públicas de género, se comete un femicidio cada 23 horas, registrándose más casos de femicidios que días transcurridos en lo que va del 2021, lo que evidencia la insuficiencia de la herramienta punitiva para la erradicación de las violencias y la urgencia de diagramar dispositivos integrales que aborden la multidimensión de una problemática socialmente enraizada. La construcción mediática de los casos, que reitera una y otra vez la retórica del varón (o la pareja) disfuncional no sólo ocluye las condiciones sociales que habilitan y toleran las violencias que preceden al femicidio, sino que constituye en sí mismo un discurso de género que supone la sanción de algunos, en favor del despliegue de masculinidades heteronórmicas y mecanismos del amor romántico que permanecen intactos.
El avance y recrudecimiento de la violencia, como contracara de la institucionalización (y mediatización) del tema “de género” en las agendas públicas nos interpela a pensar más detenidamente no sólo en la hipótesis de una “contraofensiva masculina” frente a la conquista de nuestros derechos, sino también en que las formas en que se habla públicamente de género refuerzan un abordaje patologizante de los casos y no consiguen de interpelar al conjunto de la sociedad.
Para finalizar, la ley que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de forma legal, segura y gratuita es una de las grandes victorias del pasado año para los colectivos feministas. Este avance normativo cristalizó la potencia política y social que el movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales y trans posee en Argentina. Sabemos que el trabajo continúa, nuestra tarea estará destinada a la garantía e implementación adecuada de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
Es por esto que celebramos el carácter internacionalista del 8 de marzo y la potencia política de un “nosotrxs” global, y, al mismo tiempo, reivindicamos el carácter necesariamente situado de nuestras agendas feministas y de nuestras formas de resistencia, para promover una transformación social como respuesta ante la convergencia del capitalismo, el racismo y el patriarcado y sus afectaciones puntuales en la vida cotidiana de las mujeres cis, trans, travestis y lesbianas de Latinoamérica y el Caribe, pero también en nuestras (im)posibilidades de proyectar vidas vivibles, libres de violencia.
